La pobreza, en sus diversos grados y manifestaciones, ha sido nuestra compañera de viaje desde la fundación de la República. Eliminarla se constituyó en la finalidad utópica del Estado a través del bien común, pero ante la evidencia de que ningún país del mundo la pudo eliminar, admitimos, a nuestro pesar, que solo podríamos reducirla a su mínima expresión.
Con el propósito, inventamos términos y conceptos, tratando de ponerle acción a nuestros deseos. Al cabo de doscientos años, los resultados son desalentadores. A pesar de la buena voluntad de los gobernantes y los miles de millones de soles que se han destinado para este fin, no existe una relación razonable entre costo-beneficio. Es poco lo que se ha avanzado.
Y es que, metodológicamente, lo primero que se debió hacer es comprender el problema. Se ha debatido muy poco respecto a la pobreza, sus causas, sus efectos y los procedimientos más eficaces para combatirla. Han abundado los diagnósticos y han estado ausentes las "recetas".
Confundiendo la sucesión metodológica de la resolución de problemas, diseñamos, en la década de los ochentas del siglo pasado, los programas sociales, creyendo equivocadamente que ellos serían la mejor herramienta para acabar con la pobreza, siendo que estos solo alivian sus efectos.
Generación de empleo
La pobreza, a tenor de lo dicho por el Banco Mundial y la Fundación Europea (1995), es definida como la incapacidad económica que tiene un ciudadano para satisfacer sus necesidades básicas: incapacidad que se manifiesta a través de la falta de alimentos, desatención de la salud, deficiente educación y limitado o nulo acceso a los servicios básicos (agua, desagüe, luz, vivienda decorosa); en suma, privación de los beneficios de los que gozan los ciudadanos no pobres. Salta a la vista entonces, que los programas sociales solo son un paliativo a los efectos de la pobreza.
Entonces: ¿Cómo podemos combatirla eficazmente? La respuesta cae por sí sola: haciendo que los ciudadanos pobres tengan los recursos económicos que les faltan; lo que se consigue solo a través de la generación de empleo digno y bien remunerado.
Dado que la producción económica es cada día más competitiva, para acceder con posibilidades al mercado laboral, la educación debe hacer su parte. Debemos iniciar cuanto antes una revolución educativa, entendiendo este proceso como la fijación de metas claras en el largo plazo y aplicando políticas continuas. Y, asimismo, asignando (como lo viene haciendo en forma acertada este gobierno) los recursos para este sector, hasta alcanzar el 6% del PBI.
Inteligente reingeniería
Mientras el proceso educativo sigue su curso, hacer dos esfuerzos simultáneos y paralelos. Atraer inversión privada, generando confianza, consolidando nuestra predictibilidad, honrando los compromisos que asume el Estado y haciendo transparente la administración pública (como mejor antídoto contra la corrupción). Es por ello loable, la esfuerzo que hizo el presidente Ollanta Humala en EE.UU., al reunirse con empresarios e inversionistas de ese país, poniendo en valor los recursos potenciales que tienen nuestro país.
A este accionar debe seguir otro: incrementar la cobertura y eficiencia de los programas sociales, mientras se va generando empleo digno y bien remunerado. En el país, existían 21 programas; a los que se han sumado los 6 prometios en la campaña. En Brasil, donde los programas sociales eran muy numerosos el presidente Lula los unificó y aplicó en ellos una inteligente reingeniería.
En nuestro país hay varios programas que tienen el mismo público-objetivo, persiguen fines parecidos y cuya burocracia es demasiado frondosa.
El esnobismo político en nuestro país es bastante inspirado. Durante los últimos cincuenta años hemos puesto de moda varios términos y conceptos para referirnos al problema de la pobreza y los esfuerzos que venimos haciendo para reducirla.
Durante la campaña electoral, y coincidiendo con una tendencia latinoamericana, se puso en boga la "inclusión social", como panacea de reducción de la pobreza. Sin embargo con este término ha sucedido lo mismo que con el concepto de "pobreza". Lo hemos debatido y comprendido muy poco, lo que ha dado como consecuencia que los pobres hayan sido solamente incluidos en los programas sociales, pero no en las bondades de la economía. Este esfuerzo nacional lo único que está consiguiendo es esconder a los pobres debajo de la alfombra de asistencialismo.
Otro tipo de exclusión
En el presente artículo deseo referirme a otro tipo de exclusión. Quiero referirme a la "exclusión política", aquella que se refiere a la falta de participación en las decisiones que toma el Estado y que nos afecta a todos. Participación que es casi inexistente en los tres niveles de gobierno, a pesar de ser un objetivo por alcanzar.
La democracia es un sistema de Gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada en el pueblo, el mismo que mediante elecciones elige a las autoridades a quienes le son conferidas parte de este poder y la atribución de representarlo en las decisiones que toma en nombre de él.
Pero ese poder –como dice Mc Keon– "solo es legítimo cuando procede del pueblo y se basa en su consentimiento". Esta legitimación es permanente y no se agota en el acto eleccionario. Por ende: prescindir de esa legitimación es una forma de exclusión.
Quienes conforman el aparato del Estado son una minoría. Y la razón (aquella que debe gobernar las pasiones) nos dice que dentro de esa gran mayoría de ciudadanos que "no gobiernan" existen ilustres profesionales que pueden colaborar en las tareas y compromisos que ha asumido el gobierno.
Esa interrelación entre estos dos grupos se logra a través del diálogo social; proceso en el cual unos tienen el deber de escuchar y otros "el derecho de opinar". Y que ha de ser más fructífero aún si las opiniones son divergentes. Nadie tiene el más mínimo derecho de incomodarse. Y en esto ningún gesto adusto es admisible.
Diálogo social
El diálogo social es el mecanismo básico de la democracia participativa y es definido por Habermas, como: "el tipo de relaciones horizontales entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil con el fin de abordar en forma conjunta los problemas sociales y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso".
Este concepto implica que el Estado (abandonando su estatus de superioridad sobre las organizaciones de la sociedad civil) se comporte como un actor social más, tal como las organizaciones de la sociedad civil.
El diálogo social presupone un proceso de toma de decisiones no autoritario, abierto, público y compartido; sujeto a crítica, pero con un compromiso: el de comunicarse para retroalimentar ese proceso.
Con la convicción patriótica que ha guiado nuestros actos, estamos promoviendo una organización cívica denominada "Colectivo País", la misma está siendo constituida con personas altamente calificadas en la problemática de gobierno. Bajo ninguna circunstancia, este colectivo, tendrá el más mínimo propósito de fiscalizar las acciones del Estado, por cuanto nuestra Constitución le atribuye esta tarea al Congreso.
No será por tanto, un "gabinete en la sombra" como osada e ilegalmente, han pretendido constituir perdedores de elecciones con la única finalidad de mantener cierta vigencia política.
JustoMedio en solitario
Nuestro quehacer será estrictamente contributivo. Hacemos nuestra la apreciación del periodista augusto Álvarez Rodrich ("La República", 9 octubre 2011), cuando dice en su columna "Claro y Directo": "entre un Gobierno que aún no tiene la gentileza de precisar cómo piensa conseguir sus objetivos básicos y una oposición con la delicadeza de no exigírselo, los primeros setenta y cinco días transcurrieron con escasa concentración de ideas… el Gobierno todavía no ofrece precisiones que ya son indispensables sobre la manera como planea lograr objetivos cruciales: como inclusión social, seguridad ciudadana o lucha anti corrupción"; temas sobre los cuales, hemos planteado ideas concretas en diversas ediciones anteriores, constituyéndose la revista JustoMedio en un solitario difusor de estos conceptos de Estado.
