jueves, 9 de febrero de 2012

Agosto 2011 ¿Podemos acabar con la Corrupción?

Ayn Rand, seudónimo de la escritora de origen ruso Alisa Zinovievna Rosenbaum (1905-1982), escribió en su obra "La rebelión de Atlas" lo siguiente: "Cuando vean que para producir, necesitan obtener permiso de los hombres que no producen nada; cuando vean que el dinero fluye a quienes comercian, no en bienes, sino en favores; cuando vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa que del trabajo y sus leyes no los protejan de ellos, pero los protegen a ellos de ustedes; cuando vean que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en un sacrificio personal: sabrán que su sociedad está condenada".

La sociedad mundial está condenada. Pues al margen de cualquier fariseísmo, la corrupción no podrá ser erradicada: es parte inherente al poder. De allí que cobra actualidad la cita de un Presidente colombiano de hace treinta años: "lo más que el mundo puede hacer es reducir la corrupción a sus justas proporciones".
Para algunos, fue una afirmación cínica y complaciente, pero para muchos (en voz baja) no fue sino un acto de realismo y pragmatismo, pues, al fin y al cabo, la meta de eliminarla parece irrealizable.
 
A través del poder
Definida por Sayed y Bruce (1998) como "el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado", subyace la evidencia que es a través del poder que se materializa la corrupción. Sin el poder ella no tendría existencia.
Lo opuesto a corrupción es transparencia. Y es con la medición de este último concepto, con que Transparency International (uno de los organismos que monitorea la corrupción), formula su informe anual respecto a 180 países en la escala del 1.0 al 10.0. De acuerdo a ese informe elaborado el año 2009, el país más transparente (es decir el menos corrupto) es Nueva Zelanda con una puntuación de 9.4 y el de menor transparencia (el más corrupto) es Somalia con 1.1., ocupando el puesto 180.
De lo que se infiere, que a pesar de los denodados esfuerzos de los Estados por desterrar la corrupción, este objetivo no ha podido ser alcanzado. Confirmando lo que dijo el Presidente colombiano. Lo que más se ha podido hacer, es reducirla.
Este flagelo tiene dos tipos de causas: endógenas (las que tienen que ver con el individuo)  y exógenas (las que dependen de la sociedad). Entre las primeras están: la falta de valores, carencia de una conciencia social, falta de educación, desconocimiento de la legalidad, baja auto-estima y paradigmas distorsionados. Entre las segundas: impunidad, excesivo poder discrecional de los funcionarios, falta de transparencia en los actos administrativos, concentración de poder, inefectivos mecanismos de control, leyes sancionadoras benignas, poder judicial cómplice, mordaza de los medios de comunicación, extrema complejidad del sistema y salarios públicos demasiado bajos.
Enfermedad incurable
La corrupción es una "enfermedad incurable" que afecta todo el quehacer nacional. En el terreno político socava la democracia y la gobernabilidad del país, al poner en entredicho el imperio de la ley, minando la legitimidad del Gobierno.
En suma, debilita la confiabilidad en las instituciones, valor supremo sin el cual queda expedito el camino para la subversión social.
 
En el campo económico, mina el crecimiento y atenta contra el desarrollo. En el sector privado incrementa el coste de los negocios. Genera distorsiones en el sector público, direccionando los proyectos de inversión en función de intereses particulares; obviando el interés nacional. Relaja las regulaciones y reduce la calidad de los bienes y servicios que adquiere el Estado.
En el aspecto medioambiental, facilita la destrucción del ecosistema. La violación de las leyes que protegen el medio ambiente son usualmente burladas. La seguridad alimentaria es socavada, victimizando a los más pobres.
 
Los más vulnerables a este flagelo, son los sectores más pobres de la población. Es por ello que no se puede combatir la pobreza, desligándola de la lucha contra la corrupción, porque esta la crea, la alienta y la mantiene.
Dado que las condiciones que la alientan suelen ser: poca o nula independencia del poder judicial, inefectivos mecanismos de control, sanciones poco efectivas y castigos infrecuentes; así como normas o leyes poco drásticas, ambiguas o difíciles de aplicar, debemos ordenarlas junto a las causas, a fin de  proponer algunos cursos de acción para luchar en forma efectiva contra ella, y colocarla en sus "justas proporciones".
 
Independencia
de poderes
Lo primero que debe hacer un Estado (que de veras decida luchar contra la corrupcion), es garantizar la independencia de poderes, formulación que muy bien describiera Charles Louis de Secondat de Montesquieu en su obra: "Del Espíritu de las leyes": Deben activarse y hacerse efectivos "Checks and Balances" (controles y contrapesos), más aún en países presidencialistas como el nuestro. El poder debe tener un control, para evitar que se abuse de él o que se use en beneficio personal.
Para tal fin, el congreso (ese poder que tiene la responsabilidad de controlar al ejecutivo, y para eso lo hemos elegido) no debe ser un apéndice del presidente. Si ese fuere el caso habría abdicado a una de sus responsabilidades constitucionales: la de fiscalizar. Tarea en la que, hasta hoy, no han dado muestras de celo ni de eficacia. Comencemos por hacer realidad los planteamientos que desde Platón, pasando por la ilustración (Hamilton, Locke y Rousseau), invocan a constituir un "Estado pleno de derecho". No hacerlo, equivale a que el lobo dispare contra la manada, cuando el primer disparo debió ser contra sí mismo.
Política educativa
En el segundo nivel, esta lucha se objetiviza a través de dos medidas: preventivas (para evitar que sucedan los actos de corrupción o aunque sea, minimizarlos) y represivas (para sancionarlos drásticamente cuando sucedan).
Dentro de las preventivas sobresalen nítidamente dos: la transparencia y los efectivos mecanismos de control en el plazo inmediato, y una política educativa en valores, conciencia social y autoestima en todos los colegios, universidades e institutos, en el largo plazo.
Los grandes corruptos no son los menos instruidos, porque ellos no tienen poder. Profesionales destacados, pero míseros moralmente, son los que han saqueado el país durante toda la historia republicana. En esta fase, proponemos las siguientes acciones:
 
PRIMERO: Hacer efectiva la Ley de Transparencia e incrementar las penas para los funcionarios que la incumplan. Ningún proceso de adquisición, ningún contrato que firme el Estado, ninguna operación en que se empleen recursos públicos, debe ser ocultada al escrutinio ciudadano. En un plazo de seis meses, todas las dependencias públicas deben tener un portal que contenga todas las actividades que hacen y cómo emplean los recursos del Estado. No hacerlo, equivale a ser cómplice de la corrupción. Esto debe comenzar por el Congreso, el mismo que debe detallar cuanto gana un Congresista (por todo concepto). Si no se hace esto, tenemos el derecho de presumir que esa lucha la están saboteando, los mismos que deben dirigirla.
 
SEGUNDO: Que el Contralor General de la República sea un profesional designado por concurso y a propuesta del primer partido de oposición. Proceso que debe ser conducido por el Congreso de la República, sin ninguna participación ni directa ni indirecta del Poder Ejecutivo. El mismo procedimiento, deberá seguirse para designar al Jefe de la OSCE. Si realmente, "el que nada malo piensa hacer, no le importa quién sea el verdugo", una muestra de sincera disposición de emprender esta lucha, es asumir que quien controle al Ejecutivo, sea el más eficaz fiscalizador.
 
TERCERO: Que se implemente en todos los colegios, institutos y universidades, el curso "Educación cívica contra la corrupción", en el que se fomente el culto a los valores, la autoestima y la ética; dando a conocer el daño que la corrupción le hace al país y las penas severas, a las que se harán merecedores quienes usen el poder en provecho propio.
 
En la Fase Represiva, proponemos las siguientes acciones:
 
PRIMERO: Como se viene haciendo, incrementar las penas y años de inhabilitación para ejercer la función pública, a quienes incurren en delitos de corrupcion. Las mismas que deben ser más drásticas en caso que quienes las cometan sean miembros de las fuerzas del orden, del Poder Judicial y del Ministerio Público.
 
SEGUNDO: Disminuir ostensiblemente las posibilidades que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se vuelvan cómplices de los corruptos. Para ello, facultar a la prensa, estar presente en todos los procesos contra este flagelo. Que  las sentencias sean publicadas en Internet, con el nombre de las autoridades que las han dictado y que todas ellas sean revisadas por el CNM; estableciendo que la estricta aplicación de la ley sea el mayor mérito para la ratificación y/o ascenso de jueces y fiscales. Y su incumplimiento, origine la separación inmediata y su sometimiento a proceso judicial. Nada de sanciones disciplinarias.
 
TERCERO: Irrestricta libertad de prensa en casos de corrupción. Modificar el Código Penal, para que las pruebas (independientemente a cómo hayan sido obtenidas) tengan pleno valor en el proceso que se les sigue a los que se apropian de recursos públicos.
 
La prensa es el primer enemigo de los corruptos. Potenciemos sus facultades, facilidades y denuncias.
 
CUARTO: Desburocratizar, agilizar y hacer totalmente transparentes todos los procesos en la administración pública. Para ello, publicarlos en Internet, y darle a los usuarios la facultad de denunciar su incumplimiento. Mientras esto no se haga efectivo cualquier deseo es pura fantasía.
 
QUINTO: Incrementar sustantivamente los sueltos de las autoridades que investigan, denuncian y sancionan los delitos contra la corrupción. Los recursos extras que se propone les sean entregados, provendrán de la reparación civil que estos delincuentes deben pagar al Estado y del remate de los bienes embargados, para hacerla efectiva.
 
El poder corrompe
Luchar contra el delito, elevando solamente las penas, ha quedado demostrado que no es efectivo. Mientras el uso del poder sea discrecional y sin efectivos mecanismos de control, el gobernante, el funcionario, el policía sucumbirán a lo que Lord Acton decía: "el poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente". "Los hombres son siempre malos – decía Maquiavelo – a no ser que los obliguen a ser buenos".
Ningún país ha logrado acabar con la corrupción, y es probable que tampoco lo logremos. Pero lo que si podemos hacer, es reducirla a sus "justas proporciones". Actualmente este flagelo, a tenor del Instituto Transparencia, le roba al Estado 3,000 millones de soles al año. Cifra parecida a la que las compañías mineras se han comprometido entregar, como un gravamen a sus ganancias extraordinarias. Dinero que se orientará a la inclusión, es decir hacia los pobres. Las víctimas de este execrable delito, son los más vulnerables, es por ello que insistimos en lo que dijimos al comienzo: Ninguna lucha contra la pobreza debe estar desligada de la lucha contra la corrupción.
 
 
Y si realmente se quiere luchar contra ambas: disparar solamente contra los tentáculos de Medusa, es solo una declaración hacia las tribunas. Toda guerra debe ser integral, sino, mejor no hacerla.