El pez por la boca muere. A raíz de la liberación de la terrorista Lori Berenson, algunos analistas políticos procedentes de las canteras del marxismo, salieron a condenar la poca tolerancia del pueblo peruano. Se preguntaron qué había detrás del enérgico rechazo ciudadano a una supuesta decisión legal del Poder Judicial.La Comisión de la Verdad y Reconciliación, nunca le dijo al país, quienes eran los que tenían que reconciliarse. Se cuidaron los miembros de esa comisión en definir los protagonistas de este acto, porque el país, lo que menos quería es que fueran los criminales terroristas, los que merecieran nuestro perdón. Pues bien, dichos miembros le han dicho al país, que la reconciliación era con los terroristas. Y que la liberación de estos genocidas “que ya pagaron su deuda con la sociedad”, debe servir para (¡Increíble!) consolidar la Democracia.
Retorcido raciocinio
Esta extraña liberación, no solo ha servido para poner en evidencia el retorcido raciocinio de estos marxistas embozados que creíamos ya desaparecidos sino, que, además ha sido útil para que se haga manifiesta la absoluta desconfianza que tiene la población respecto al Estado. Ese Estado, que según el artículo 44º de la Constitución, tiene el deber de “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”.
Como a lo largo de estos últimos diez años, no ha podido cumplir ese deber fundamental, la población tiene fundado temor que se sigan vaciando las cárceles de terroristas; pues aún tenemos en las retinas los crímenes salvajes perpetrados por estos individuos y en los oídos los coches – bomba con que pretendieron destruirlo todo.
No es entonces que seamos intolerantes, (aunque tenemos sobradas razones para serlos), sino, que, nos sentimos totalmente inseguros ante un Estado débil confuso e ineficaz, que no ha podido brindarnos hasta hoy la seguridad a la que tenemos derecho.
Pero, hay un hecho gravísimo sobre el que debemos reflexionar e indignarnos. Cada vez es más evidente que la liberación de esta repudiable terrorista, fue consecuencia de las presiones externas ante el gobierno.
El artículo 138º de la Constitución dice que: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos”: sin embargo, para que este servicio sea eficaz, oportuno y justo, se requiere que el Estado libere al aparato jurisdiccional de las tres lacras que atentan contra él: la presión internacional, las presiones internas y la corrupción.
Acto de felonía
Entonces resulta un acto de felonía, que ese mismo Estado, haya cedido a las presiones externas, para hacer que el Poder Judicial haya expedido una retorcida resolución.
Otro ejemplo de nuestro Poder Judicial atrapado entre los fuegos mediáticos de la prensa y las Ong´s defensoras de los derechos humanos de los terroristas, es el que se evidencia a través de los procesos en que se han comprendido a decenas de militares, los que, a costa de sus propias vidas, nos devolvieron al Estado incólume, libre de la lacra subversiva.
Es por lo tanto un discurso ingenuo, el del Ministro Rey, reclamándole al Poder Judicial sobre estos despropósitos; por cuanto, es el propio Gobierno al que sirve obsecuentemente, el que está ejerciendo presión sobre ese Poder para sus propios fines. Y no es capaz de liberar a jueces y magistrados de las tres lacras que hemos mencionado.
Mientras no haya una actitud firme y soberana del Estado frente a las presiones que desde fuera y dentro desnaturalizan la administración de justicia, seguirán las persecuciones contra los militares, seguirán liberándose terroristas, se seguirán otorgando indultos amañados, se seguirán dilatando procesos de alta corrupción como el de las interferencias telefónicas, se seguirán eximiendo de culpa a evidentes mafiosos y será la justicia un árbitro parcializado a favor de los poderosos.
Indignación nacional
Dejémonos de medias verdades. Quien tiene que librar al Poder Judicial de presiones es el Estado; y mal hace, invitando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sesionar en el país. A sabiendas que mediante ese acto, se consolida nuestra sumisión ante sus fallos. Uno de los cuales originó que violando nuestra soberanía, hayamos tenido que procesar nuevamente a todos los terroristas, rebajándoles las penas.
Esta liberación ha servido de algo en medio de la indignación nacional. Ha servido para que nos digan por fin, que la reconciliación propuesta por la CVR, era con los asesinos de Sendero. Algo que jamás aceptaremos. Y, segundo, para desnudar un Estado ineficiente e incapaz de brindarnos la seguridad a la que constitucionalmente está obligado a darnos. Pero también para descubrir, quien es el que ejerció presión para esta liberación.
Si realmente queremos un Poder Judicial imparcial, independiente y libre de presiones, exijamos que el Estado, deje de entrometerse en la función jurisdiccional y, que, de una buena vez, decida ser soberano y no sumiso.
