jueves, 9 de febrero de 2012

Diciembre 2011 - Repasando y Repensando la Inclusión

Desde hace dos siglos, "no hay nada nuevo bajo el sol". Sin embargo, con fines académico–dinerarios, cada cierto tiempo aparecen supuestos guías del pensamiento administrativo (a los que el esnobismo denomina "gurús") los que nos suelen encandilar con palabras como: reingeniería, nicho de mercado, training y últimamente coaching, para rescatar viejos conceptos que científicos de verdad, descubrieron en esta rama del saber hace muchos años. 
 
Los políticos suelen hacer lo mismo. Con el agravante que inventan entelequias conceptuales que ni ellos mismos entienden, las que sometidas al filtro del sentido común, cobran vida de tanto ser repetidas.
 
La pobreza data de tiempos inmemoriales. No es un problema que haya aparecido hace dos siglos. Para enfrentarla, los gobiernos de todas las épocas trataron de explicar sus orígenes (causas) y diseñaron alternativas para disminuirla. Todos fracasaron en el intento.
 
Círculo vicioso
Con el advenimiento del presente siglo, se ha vuelto a iniciar el círculo vicioso. Y durante la última campaña electoral, se repitió hasta el cansancio que el origen de la pobreza es la exclusión y que para solucionarla hacia falta la inclusión social.
La poca ilustración que caracteriza a la mayoría de la clase política, le ha negado la posibilidad de percatarse, que la exclusión es un concepto que va más allá de la pobreza y que incluye la discriminación (de todo tipo) como el apartheid; y que el proceso inclusivo (socialmente hablando) es el esfuerzo que hace toda la sociedad (no solo el Estado) para integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento. Sin embargo, se le relaciona más, con los sectores más humildes.
 
Probablemente, alguien dirá que tiene poca importancia, este tipo de precisiones. Que solo es un devaneo. Nosotros pensamos lo contrario. Creemos (como aconseja Descartes) que antes de abordar un problema, debemos comenzar por definirlo. De lo contrario se corre el riesgo (como está sucediendo actualmente) de orientar nuestros esfuerzos por la dirección incorrecta.
 
Queremos repetir (probablemente hasta el cansancio) que la pobreza (a la que estamos empeñados en combatir) es la incapacidad económica que tiene un ciudadano, para satisfacer sus necesidades básicas.
 
Las consecuencias de esta incapacidad son: la falta de educación, pobre alimentación, vivienda precaria, desatención de la salud, inseguridad y limitado acceso (en general) a los servicios básicos. Siendo esto así, repartirles alimentos vía PRONAA, entregarles ínfimas sumas de dinero o brindarles apoyos asistencialistas, solo alivian los efectos de la pobreza. No la combaten. El único esfuerzo eficaz, es la generación de empleo digno y bien remunerado. Como este es un esfuerzo de largo aliento, el estado tiene la obligación (en función de su finalidad), de aliviarles su precaria situación a través de los programas sociales (asistencialistas).
 
Veinte programas
sociales
No haber entendido este concepto básico, ha dado lugar (en todas las administraciones) a que el Estado haya medido sus logros en esta lucha, por la cantidad de personas asistidas, cuando debió ser lo contrario: cuantas personas asistidas dejaron de serlo al haber conseguido un empleo que le permita auto sostenerse.
 
Este Gobierno, ha reimpulsado más de veinte programas sociales, pero solo uno de ellos (con magros recursos y metas indefinidas) está orientado a generar trabajo.
 
En consecuencia, estamos entendiendo por inclusión, el esfuerzo de incorporar a más ciudadanos bajo la sombra del Estado, camino totalmente incorrecto. Nuevamente gastaremos miles de millones de soles para asistir; pero no para generar oportunidades.
Y eso es precisamente lo que no quiere la población: estirar la mano- quiere trabajar-
 
Tan distorsionado (y manoseado) está el término inclusión, que incluso viene siendo utilizado en el deporte, las manifestaciones artísticas y hasta en los negocios. Y es que los políticos (por impericia) han abdicado de su misión pedagógica.
 
En un extenso artículo, nos ocupamos primero, de la inclusión social, definiéndola y sugiriendo algunos cursos de acción para que por esta vía, pueda enfrentarse la pobreza con efectividad. Allí hicimos un resumen de los esfuerzos exitosos en América latina, respecto a los programas destinados a generar empleo e incentivar la incorporación de más ciudadanos a la actividad económica, a través de la pequeña y micro empresa. Para lo cual sugerimos que el Estado recupere su rol promotor.
 
Metas concretas
Esta inclusión social sugerimos, que debía ser medida en función de la PEA. El Estado debe fijarse metas concretas en cuanto a la proporción de ese segmento, que logra tener un empleo digno y bien remunerado. En ese sentido, nos parece acertado que el presidente Humala, apelando a su pragmatismo chino, haya definido como política de estado, el incremento de las inversiones privadas en el país, a despecho de los retardatarios izquierdistas, que ven en ellas el rostro del imperialismo.
 
Nos parecen muy inteligentes las expresiones de la flamante ministra del MIDIS, cuando dijo que el éxito de su gestión no se medirá en la cantidad de peruanos que se han incorporado a los programas sociales, sino en cuántos de ellos han logrado salir, al haber conseguido un trabajo. Ese es el sentido correcto. Reafirmamos entonces, que es necesario que en el breve plazo, se establezcan metas anuales en ese sentido.
 
Luego nos referimos a la inclusión económica. y decíamos que la economía del país es como un árbol, el mismo que tendrá más frutos, cuando más crezca la economía. Aquí surge un dilema. O el Estado los recoge y los reparte (asistencialismo) a los que lo necesitan o los adiestra a trepar el árbol y coger los frutos. Esta aptitud solo la da la educación. Esta ecuación ya ha sido probada en todos los países que han transitado del sub-desarrollo al desarrollo. El ejemplo más reciente es Polonia.
 
La aldea global es cada vez más competitiva. Ya no basta producir. es necesario hacerlo con más calidad y al menor precio. Esto solo se consigne a través del conocimiento. Pero el esfuerzo educativo del país, no solo debe traducirse en el incremento de los presupuestos del sector, sino en fijar políticas educativas de largo plazo, con metas concretas en ese horizonte temporal. Parece poco edificante que se haya destinado 18 millones de soles para elaborar una nueva currícula el 2012, la que reemplazaría a la que tiene un año de aprobada. Marchas y contramarchas.
 
Inclusión política
Finalmente, nos ocupamos en la última entrega, de la inclusión política. Y decíamos que gobernar es un esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos. El pueblo es el único dueño del poder, parte del cual trasfiere al gobernante a través de las elecciones. Y éste, asume la atribución de tomar decisiones en su nombre. Siendo esto así, ¿por qué razón la población tendría que estar ausente en este proceso?
 
Añadimos, así mismo, un razonamiento lógico: si los funcionarios de confianza son alrededor de cinco mil, es obvio que el inmenso universo de peruanos que no tienen ese privilegio, alberga ciudadanos con superlativas capacidades para contribuir con el desarrollo del país. La participación ciudadana todavía es una tarea pendiente. Razón por la cual sugerimos que sea el diálogo social, el facilitador de esta tarea contributiva.
 
El diálogo social permite la articulación armoniosa de los ciudadanos con sus gobernantes. Sin embargo, es necesario organizarlo. Es por ello, que con sentido patriótico, estamos alentando el denominado "Colectivo País", que no es sino la suma voluntaria de personalidades de diversas calidades y cualidades, que sin distingos de credos, ni ideologías, desean dar su aporte patriótico.
Para ello, promoveremos la audiencia de las autoridades gubernamentales. En ninguna circunstancia y bajo ningún aspecto, osaremos atribuirnos funciones que la ciudadanía no nos ha conferido (como lo vienen alentando ciertos candaditos perdedores).
 
 
Creación fecunda
Será nuestro afán colaborar con ideas más que con críticas. Si de algo estamos seguros, es que el país debe ser creación fecunda de todos, no de unos pocos.
 
Terminamos reclamando dos esfuerzos que el país tiene como pasivos perniciosos: la tan necesaria reforma del estado (por la que venimos reclamando desde nuestra aparición) y la visión de futuro. Basta de complejo fundacional. Señor Presidente; haga el gran cambio. No permita que el Estado siga siendo nuestro principal obstáculo para el desarrollo. Y dele por fin un rumbo a los destinos del país. Establezca nuestros objetivos nacionales y haga del CEPLAN un organismo creíble. a ver si toma en cuenta el plan bicentenario, y para que ello suceda, nada más favorable, será darle la difusión nacional (resumida) que requiere.
 
La historia la escriben las mentes lúcidas. La improvisación, suele ser el borrador de nuestros nombres. Escoja.

Octubre 2011 ¿Y la Exclusión Política?

"El país  es obra fecunda de todos, no el privilegio de unos cuantos"
 
La pobreza, en sus diversos grados y manifestaciones, ha sido nuestra compañera de viaje desde la fundación de la República. Eliminarla se constituyó en la finalidad utópica del Estado a través del bien común, pero ante la evidencia de que ningún país del mundo la pudo eliminar, admitimos, a nuestro pesar, que solo podríamos reducirla a su mínima expresión.
 
Con el propósito, inventamos términos y conceptos, tratando de ponerle acción a nuestros deseos. Al cabo de doscientos años, los resultados son desalentadores. A pesar de la buena voluntad de los gobernantes y los miles de millones de soles que se han destinado para este fin, no existe una relación razonable entre costo-beneficio. Es poco lo que se ha avanzado.
 
Y es que, metodológicamente, lo primero que se debió hacer es comprender el problema. Se ha debatido muy poco respecto a la pobreza, sus causas, sus efectos y los procedimientos más eficaces para combatirla. Han abundado los diagnósticos y han estado ausentes las "recetas".
 
Confundiendo la sucesión metodológica de la resolución de problemas, diseñamos, en la década de los ochentas del siglo pasado, los programas sociales, creyendo equivocadamente que ellos serían la mejor herramienta para acabar con la pobreza, siendo que estos solo alivian sus efectos.
 
Generación de empleo
La pobreza, a tenor de lo dicho por el Banco Mundial y la Fundación Europea  (1995), es definida como la incapacidad económica que tiene un ciudadano para satisfacer sus necesidades básicas: incapacidad que se manifiesta a través de la falta de alimentos, desatención de la salud, deficiente educación y limitado o nulo acceso a los servicios básicos (agua, desagüe, luz, vivienda decorosa); en suma, privación de los beneficios de los que gozan los ciudadanos no pobres. Salta a la vista entonces, que los programas sociales solo son un paliativo a los efectos de la pobreza.
 
Entonces: ¿Cómo podemos combatirla eficazmente? La respuesta cae por sí sola: haciendo que los ciudadanos pobres tengan los recursos económicos que les faltan; lo que se consigue solo a través de la generación de empleo digno y bien remunerado.
 
Dado que la producción económica es cada día más competitiva, para acceder con posibilidades al mercado laboral, la educación debe hacer su parte. Debemos iniciar cuanto antes una revolución educativa, entendiendo este proceso como la fijación de metas claras en el largo plazo y aplicando políticas continuas. Y, asimismo, asignando (como lo viene haciendo en forma acertada este gobierno) los recursos para este sector, hasta alcanzar el 6% del PBI.
 
Inteligente reingeniería
Mientras el proceso educativo sigue su curso, hacer dos esfuerzos simultáneos y paralelos. Atraer inversión privada, generando confianza, consolidando nuestra predictibilidad, honrando los compromisos que asume el Estado y haciendo transparente la administración pública (como mejor antídoto contra la corrupción). Es por ello loable, la esfuerzo que hizo el presidente Ollanta Humala en EE.UU., al reunirse con empresarios e inversionistas de ese país, poniendo en valor los recursos potenciales que tienen nuestro país.
A este accionar debe seguir otro: incrementar la cobertura y eficiencia de los programas sociales, mientras se va generando empleo digno y bien remunerado. En el país, existían 21 programas; a los que se han sumado los 6 prometios en la campaña. En Brasil, donde los programas sociales eran muy numerosos el presidente Lula los unificó y aplicó en ellos una inteligente reingeniería.
En nuestro país hay varios programas que tienen el mismo público-objetivo, persiguen fines parecidos y cuya burocracia es demasiado frondosa.
 
El esnobismo político en nuestro país es bastante inspirado. Durante los últimos cincuenta años hemos puesto de moda varios términos y conceptos para referirnos al problema de la pobreza y los esfuerzos que venimos haciendo para reducirla.
 
Durante la campaña electoral, y coincidiendo con una tendencia latinoamericana, se puso en boga la "inclusión social", como panacea de reducción de la pobreza. Sin embargo con este término ha sucedido lo mismo que con el concepto de "pobreza". Lo hemos debatido y comprendido muy poco, lo que ha dado como consecuencia que los pobres hayan sido solamente incluidos en los programas sociales, pero no en las bondades de la economía. Este esfuerzo nacional lo único que está consiguiendo es esconder a los pobres debajo de la alfombra de asistencialismo.
 
Otro tipo de exclusión
En el presente artículo deseo referirme a otro tipo de exclusión. Quiero referirme a la "exclusión política", aquella que se refiere a la falta de participación en las decisiones que toma el Estado y que nos afecta a todos. Participación que es casi inexistente en los tres niveles de gobierno, a pesar de ser un objetivo por alcanzar.
 
La democracia es un sistema de Gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada en el pueblo, el mismo que mediante elecciones elige a las autoridades a quienes le son conferidas parte de este poder y la atribución de representarlo en las decisiones que toma en nombre de él.
 
Pero ese poder –como dice Mc Keon– "solo es legítimo cuando procede del pueblo y se basa en su consentimiento". Esta legitimación es permanente y no se agota en el acto eleccionario. Por ende: prescindir de esa legitimación es una forma de exclusión.
 
Quienes conforman el aparato del Estado son una minoría. Y la razón (aquella que debe gobernar las pasiones) nos dice que dentro de esa gran mayoría de ciudadanos que "no gobiernan" existen ilustres profesionales que pueden colaborar en las tareas y compromisos que ha asumido el gobierno.
Esa interrelación entre estos dos grupos se logra a través del diálogo social; proceso en el cual unos tienen el deber de escuchar y otros "el derecho de opinar". Y que ha de ser más fructífero aún si las opiniones son divergentes. Nadie tiene el más mínimo derecho de incomodarse. Y en esto ningún gesto adusto es admisible.
 
Diálogo social
El diálogo social es el mecanismo básico de la democracia participativa y es definido por Habermas, como: "el tipo de relaciones horizontales entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil con el fin de abordar en forma conjunta los problemas sociales y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso".
 
Este concepto implica que el Estado (abandonando su estatus de superioridad sobre las organizaciones de la sociedad civil) se comporte como un actor social más, tal como las organizaciones de la sociedad civil.
El diálogo social presupone un proceso de toma de decisiones no autoritario, abierto, público y compartido; sujeto a crítica, pero con un compromiso: el de comunicarse para retroalimentar ese proceso.
Con la convicción patriótica que ha guiado nuestros actos, estamos promoviendo una organización cívica denominada "Colectivo País", la misma está siendo constituida  con personas altamente calificadas en la problemática de gobierno. Bajo ninguna circunstancia, este colectivo, tendrá el más mínimo propósito de fiscalizar las acciones del Estado, por cuanto nuestra Constitución le atribuye esta tarea al Congreso.
 
No será por tanto, un "gabinete en la sombra" como osada e ilegalmente, han pretendido constituir perdedores de elecciones con la única finalidad de mantener cierta vigencia política.
 
JustoMedio en solitario
Nuestro quehacer será estrictamente contributivo. Hacemos nuestra la apreciación del periodista augusto Álvarez Rodrich ("La República", 9 octubre 2011), cuando dice en su columna "Claro y Directo": "entre un Gobierno que aún no tiene la gentileza de precisar cómo piensa conseguir sus objetivos básicos y una oposición con la delicadeza de no exigírselo, los primeros setenta y cinco días transcurrieron con escasa concentración de ideas… el Gobierno todavía no ofrece precisiones que ya son indispensables sobre la manera como planea lograr objetivos cruciales: como inclusión social, seguridad ciudadana o lucha anti corrupción"; temas sobre los cuales, hemos planteado ideas concretas en diversas ediciones anteriores, constituyéndose la revista JustoMedio en un solitario difusor de estos conceptos de Estado.
 
 

Nadie tiene el más mínimo derecho de incomodarse. Y en esto ningún gesto adusto es admisible.

 
 
 

Setiembre 2011 ¿Quién Excluyó A Quién?

Exclusión, Inclusión y Democracia

Si bien la palabra griega "democracia" fue inventada por los atenienses para definir un sistema de Gobierno en el cual las decisiones son tomadas con la participación del pueblo; esta recién se pudo aplicar a partir de la segunda mitad del siglo XIX junto con el sufragio universal, la abolición de la esclavitud y la sanción de constituciones que hicieron posible la positivación de los derechos humanos.
 
Este antecedente sirve para hacer una reflexión histórica, al parecer obvia, pero que es útil para explicar ciertas conductas atávicas: el Imperio Incaico no fue una democracia. Fueron entonces cuatrocientos años de vasallaje en los que el pueblo no tuvo ninguna participación en las decisiones de Gobierno, es decir, fue un excluido político, pero al no ser beneficiario de las bondades económicas del Imperio, fue también un excluido social y económico (no hubo propiedad privada).
La Conquista y luego el Virreinato no cambiaron esa condición. Y se extendieron entonces por cuatrocientos años más estas exclusiones. Con la llegada de la democracia, a principios del siglo XX, comenzaron a cambiar las relaciones entre el ciudadano y el Estado. De a pocos, se fueron escuchando las voces del pueblo, disminuyendo la exclusión política sin que esto haya significado, en pleno siglo XXI, que los gobiernos estén escuchando las voces de todos, porque todavía hay muchos que no pueden dejarse oír.
 
Sin embargo, "la exclusión social" es la que no ha tenido cambios dramáticos. Su expresión más perversa: la pobreza, no ha podido aún ser superada; razón por la cual, con todo derecho, podemos afirmar que el Estado no ha cumplido la finalidad para la que fue creado.
 
Rescatar unánimemente su antípoda: "la inclusión social", es una magnífica señal. Pero no lo es tanto, si todavía no hemos logrado definirla; dando lugar a escoger armas poco efectivas para conseguirlo.
 
El origen
La definición del término de "exclusión", que tuvo su origen en Europa, llegó a tener una relación muy íntima con la marginación. Traída al nuevo continente, en la segunda mitad del siglo XX, tuvo otra connotación sociológica y se la asoció a la pobreza, la falta de oportunidades y la incapacidad de hacer compartir, a los más vulnerables, los beneficios y la riqueza que ya empezaban a generar los Estados.
 
Lo paradójico es: que en épocas de crisis económicas, los Estados han exhortado a los pobres a tener paciencia y "ajustarse los cinturones", es decir, a compartir las angustias del problema. Pero cuando por diversas razones esos mismos Estados tuvieron épocas de bonanza, los "ajustados" no compartieron sus beneficios. Para ellos todo siguió igual.
 
Nunca como ahora
Me complace que nunca como hoy todos los peruanos hayamos decidido iniciar una lucha frontal contra la exclusión. En lo que tengo razonables dudas, es en la forma y los métodos que ha escogido el Gobierno para luchar contra este flagelo.
Si la manifestación más perversa de este proceso exclusivo es la pobreza, debemos comenzar por definirla. Diversos autores coinciden en que ella es la incapacidad económica que tiene un ciudadano para solventar las necesidades básicas de él y su familia, tal como lo he expresado en un artículo anterior.
 
Siendo esto así –decía en esa explicación– las manifestaciones o efectos de la pobreza son el hambre, la desnutrición, la falta de salud, vivienda, servicios básicos y una adecuada educación.
Pretender acabar la pobreza atacando solo sus efectos,  a través de programas sociales asistencialistas que crean dependencia, no parece ser el camino correcto. La tarea más efectiva es crear empleo digno y bien remunerado, concepto que tímidamente ha adoptado el actual gobierno, exigiendo que estos programas sean productivos; sin decir cómo hacerlo.
 
Mientras estas impresiones estén presentes, lo más probable (pero no lo deseable) es que la pobreza no podrá disminuir en relación directa al esfuerzo y los recursos asignados. Algunos de los 24 programas sociales vigentes, tienen más de quince años, sin que la pobreza haya podido disminuir como lo esperábamos. La población rural del país, especialmente la que habita la sierra, es pobre en un alto porcentaje; llegando incluso al 70% en departamentos como Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, sin visos de solución.
 
Previa reingeniería
En el artículo: "Cómo acabar con la pobreza" (Edición Nº 39, Junio 2011; pág. 47), sugería dos grandes cursos de acción en cuanto a los Programas Sociales vigentes: unificarlos y, previa reingeniería, hacerlos más efectivos aumentando sus recursos y ampliando su cobertura. Nos complace que después del 28 de Julio, éstos hayan patentizado justamente las grandes decisiones del Gobierno. Los programas sociales estarán en un solo Ministerio. Y en el Presupuesto General de la República para el año 2012, se les han incrementado los recursos, fijándose metas concretas para llegar a más distritos.
 
Expresamos en forma clara que estos programas son sumamente necesarios, mientras emprendemos el camino correcto para luchar efectivamente contra la pobreza. En esta lucha incluimos, premonitoriamente, lo que el gobierno también ha decidido: hacerlos productivos (lo que no se nos ha dicho es cómo hacerlo).
 
Es por ello, que queremos recordar que planteamos tres cursos de acción para generar empleo digno y bien remunerado: el Programa de Apoyo a los Pequeños y Micro-empresarios, el Programa a Trabajar País (que luego el Gobierno lo adoptó cambiándole de nombre) y el Programa Emprendedores País. Cada uno de ellos, fueron concebidos en detalle y con una finalidad específica.
 
Este esfuerzo conjunto: de mitigar los efectos de la pobreza mediante programas sociales y de luchar efectivamente contra ella, mediante Programas de Generación de Empleo, está orientado a acabar con la exclusión e incluir a los pobres.
 
Sin embargo, para que ambos sean efectivos: el Estado necesita reasumir su rol promotor; el mismo que está contenido en la Constitución. Pero el sustento de este esfuerzo conjunto es la Educación, como hace muchos años lo venimos sosteniendo. El crecimiento económico (y, en general, la riqueza generada por el Estado) no se reparte sino que la "recogen" los ciudadanos cuya educación, les permite acceder a ella.
 
La riqueza de un Estado se asemeja a los frutos que tiene un árbol. Estos no los reparte el árbol, sino que acceden a ellos quienes tienen la capacidad de trepar a él y cogerlos. Esa aptitud la brinda la Educación.
 
Locomotoras
del desarrollo
Hace algunos años, cuando el país se encontraba sumido en una crisis económica recurrente, sugerimos establecer prioridades, a las que denominamos: las "cuatro locomotoras del desarrollo". Hoy los tiempos han cambiado para bien, al punto que tenemos incluso una reserva de contingencia para enfrentar los efectos de la crisis (15,100 millones de soles). Sin embargo, seguimos insistiendo en que la agricultura debe suscitar más importancia en las decisiones del Gobierno. No solo porque esta emplea el 30% de la PEA, sino por que alberga el 70% de pobres del país.
 
El 80% de predios son de una hectárea como máximo y el 70% de ellos, tienen cultivos de sobrevivencia. La falta de asociatividad, una mala gestión empresarial, incipiente tecnología (lo que limita su productividad), una extensa cadena de comercialización, la falta de títulos y el minifundio, pueden enfrentarse adecuadamente con el Programa de Apoyo a los Pequeños y Micro-  Empresarios PAÍS, que venimos sugiriendo.
 
Casi no se ha hablado de la inclusión económica, aquella que permitirá que el país pueda superar la informalidad. Ella consiste en que todos los agentes económicos se encuadren dentro del sistema legal, se beneficien de los incentivos que otorga el Estado y cumplan con las obligaciones tributarias, como todos los ciudadanos del país. La grave crisis económica de los ochentas del siglo pasado, pudo ser superada sin llegar al "desborde popular" que tanto temía Matos Mar; gracias al ingenio de los pobres: que crearon su propio empleo al margen de la formalidad. Ha llegado la hora de motivarlos a cruzar el río y situarlos en la otra orilla.
 
Las "cinco patas
de la mesa"
Ello solo será posible, si encuentran suficientes ventajas para hacerlo. Porque ya ha quedado demostrado que ninguna solución compulsiva ha tenido éxito. Para ello, el Estado deberá aplicar lo que hemos denominado: las "cinco patas de la mesa": capacitación tecnológica, capacitación administrativa, acceso al crédito, búsqueda de mercados y gradualidad impositiva.
 
La base tributaria en el país es una de las más bajas de América Latina (13.5% respecto al PBI). Eliminando gradualmente la informalidad, ésta tendría un incremento significativo; pero lo más importante, es que la exclusión económica iría disminuyendo paulatinamente.
 
Finalmente, uno de los objetivos del proceso de descentralización, es conseguir la activa participación de la población en la toma de decisiones de sus gobiernos regionales, así como en el de los gobiernos locales. Esto que hemos convenido en llamar "inclusión política" no se ha logrado aún en la medida que se esperaba.
 
Pero, incluso, sigue siendo un anhelo frustrado a nivel nacional. Concluidas las elecciones, los sucesivos gobernantes creen que ya no necesitan escuchar a la población. Se olvidan que la legitimación del poder proviene del pueblo y este es un proceso permanente. No puede haber Gobernanza prescindiendo de la voz del pueblo.
 
 
 
Ideas e iniciativas
 
Nos hemos olvidado que la Democracia es el Gobierno del pueblo (con su participación) y para el pueblo (en beneficio de éste). Esta, en consecuencia, es consolidar la Democracia, hacerla participativa. No creemos que deban desperdiciarse valiosas ideas e iniciativas, por el solo hecho de no ser parte del aparato del Estado. Los funcionarios de confianza solo llegan a pocos miles; los profesionales capacitados para contribuir suman tal vez cientos de miles. Hagamos que dejen de hablar para ellos mismos. Incluyámoslos políticamente.
Esta voz es una de ellas. Con la obstinación que inspira el amor por la patria y su futuro, seguiremos contribuyendo con algunas reflexiones. Y en el largo camino de la perfección, las iremos afinando con el mismo dinamismo con que se mueve la realidad.

Agosto 2011 ¿Podemos acabar con la Corrupción?

Ayn Rand, seudónimo de la escritora de origen ruso Alisa Zinovievna Rosenbaum (1905-1982), escribió en su obra "La rebelión de Atlas" lo siguiente: "Cuando vean que para producir, necesitan obtener permiso de los hombres que no producen nada; cuando vean que el dinero fluye a quienes comercian, no en bienes, sino en favores; cuando vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa que del trabajo y sus leyes no los protejan de ellos, pero los protegen a ellos de ustedes; cuando vean que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en un sacrificio personal: sabrán que su sociedad está condenada".

La sociedad mundial está condenada. Pues al margen de cualquier fariseísmo, la corrupción no podrá ser erradicada: es parte inherente al poder. De allí que cobra actualidad la cita de un Presidente colombiano de hace treinta años: "lo más que el mundo puede hacer es reducir la corrupción a sus justas proporciones".
Para algunos, fue una afirmación cínica y complaciente, pero para muchos (en voz baja) no fue sino un acto de realismo y pragmatismo, pues, al fin y al cabo, la meta de eliminarla parece irrealizable.
 
A través del poder
Definida por Sayed y Bruce (1998) como "el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado", subyace la evidencia que es a través del poder que se materializa la corrupción. Sin el poder ella no tendría existencia.
Lo opuesto a corrupción es transparencia. Y es con la medición de este último concepto, con que Transparency International (uno de los organismos que monitorea la corrupción), formula su informe anual respecto a 180 países en la escala del 1.0 al 10.0. De acuerdo a ese informe elaborado el año 2009, el país más transparente (es decir el menos corrupto) es Nueva Zelanda con una puntuación de 9.4 y el de menor transparencia (el más corrupto) es Somalia con 1.1., ocupando el puesto 180.
De lo que se infiere, que a pesar de los denodados esfuerzos de los Estados por desterrar la corrupción, este objetivo no ha podido ser alcanzado. Confirmando lo que dijo el Presidente colombiano. Lo que más se ha podido hacer, es reducirla.
Este flagelo tiene dos tipos de causas: endógenas (las que tienen que ver con el individuo)  y exógenas (las que dependen de la sociedad). Entre las primeras están: la falta de valores, carencia de una conciencia social, falta de educación, desconocimiento de la legalidad, baja auto-estima y paradigmas distorsionados. Entre las segundas: impunidad, excesivo poder discrecional de los funcionarios, falta de transparencia en los actos administrativos, concentración de poder, inefectivos mecanismos de control, leyes sancionadoras benignas, poder judicial cómplice, mordaza de los medios de comunicación, extrema complejidad del sistema y salarios públicos demasiado bajos.
Enfermedad incurable
La corrupción es una "enfermedad incurable" que afecta todo el quehacer nacional. En el terreno político socava la democracia y la gobernabilidad del país, al poner en entredicho el imperio de la ley, minando la legitimidad del Gobierno.
En suma, debilita la confiabilidad en las instituciones, valor supremo sin el cual queda expedito el camino para la subversión social.
 
En el campo económico, mina el crecimiento y atenta contra el desarrollo. En el sector privado incrementa el coste de los negocios. Genera distorsiones en el sector público, direccionando los proyectos de inversión en función de intereses particulares; obviando el interés nacional. Relaja las regulaciones y reduce la calidad de los bienes y servicios que adquiere el Estado.
En el aspecto medioambiental, facilita la destrucción del ecosistema. La violación de las leyes que protegen el medio ambiente son usualmente burladas. La seguridad alimentaria es socavada, victimizando a los más pobres.
 
Los más vulnerables a este flagelo, son los sectores más pobres de la población. Es por ello que no se puede combatir la pobreza, desligándola de la lucha contra la corrupción, porque esta la crea, la alienta y la mantiene.
Dado que las condiciones que la alientan suelen ser: poca o nula independencia del poder judicial, inefectivos mecanismos de control, sanciones poco efectivas y castigos infrecuentes; así como normas o leyes poco drásticas, ambiguas o difíciles de aplicar, debemos ordenarlas junto a las causas, a fin de  proponer algunos cursos de acción para luchar en forma efectiva contra ella, y colocarla en sus "justas proporciones".
 
Independencia
de poderes
Lo primero que debe hacer un Estado (que de veras decida luchar contra la corrupcion), es garantizar la independencia de poderes, formulación que muy bien describiera Charles Louis de Secondat de Montesquieu en su obra: "Del Espíritu de las leyes": Deben activarse y hacerse efectivos "Checks and Balances" (controles y contrapesos), más aún en países presidencialistas como el nuestro. El poder debe tener un control, para evitar que se abuse de él o que se use en beneficio personal.
Para tal fin, el congreso (ese poder que tiene la responsabilidad de controlar al ejecutivo, y para eso lo hemos elegido) no debe ser un apéndice del presidente. Si ese fuere el caso habría abdicado a una de sus responsabilidades constitucionales: la de fiscalizar. Tarea en la que, hasta hoy, no han dado muestras de celo ni de eficacia. Comencemos por hacer realidad los planteamientos que desde Platón, pasando por la ilustración (Hamilton, Locke y Rousseau), invocan a constituir un "Estado pleno de derecho". No hacerlo, equivale a que el lobo dispare contra la manada, cuando el primer disparo debió ser contra sí mismo.
Política educativa
En el segundo nivel, esta lucha se objetiviza a través de dos medidas: preventivas (para evitar que sucedan los actos de corrupción o aunque sea, minimizarlos) y represivas (para sancionarlos drásticamente cuando sucedan).
Dentro de las preventivas sobresalen nítidamente dos: la transparencia y los efectivos mecanismos de control en el plazo inmediato, y una política educativa en valores, conciencia social y autoestima en todos los colegios, universidades e institutos, en el largo plazo.
Los grandes corruptos no son los menos instruidos, porque ellos no tienen poder. Profesionales destacados, pero míseros moralmente, son los que han saqueado el país durante toda la historia republicana. En esta fase, proponemos las siguientes acciones:
 
PRIMERO: Hacer efectiva la Ley de Transparencia e incrementar las penas para los funcionarios que la incumplan. Ningún proceso de adquisición, ningún contrato que firme el Estado, ninguna operación en que se empleen recursos públicos, debe ser ocultada al escrutinio ciudadano. En un plazo de seis meses, todas las dependencias públicas deben tener un portal que contenga todas las actividades que hacen y cómo emplean los recursos del Estado. No hacerlo, equivale a ser cómplice de la corrupción. Esto debe comenzar por el Congreso, el mismo que debe detallar cuanto gana un Congresista (por todo concepto). Si no se hace esto, tenemos el derecho de presumir que esa lucha la están saboteando, los mismos que deben dirigirla.
 
SEGUNDO: Que el Contralor General de la República sea un profesional designado por concurso y a propuesta del primer partido de oposición. Proceso que debe ser conducido por el Congreso de la República, sin ninguna participación ni directa ni indirecta del Poder Ejecutivo. El mismo procedimiento, deberá seguirse para designar al Jefe de la OSCE. Si realmente, "el que nada malo piensa hacer, no le importa quién sea el verdugo", una muestra de sincera disposición de emprender esta lucha, es asumir que quien controle al Ejecutivo, sea el más eficaz fiscalizador.
 
TERCERO: Que se implemente en todos los colegios, institutos y universidades, el curso "Educación cívica contra la corrupción", en el que se fomente el culto a los valores, la autoestima y la ética; dando a conocer el daño que la corrupción le hace al país y las penas severas, a las que se harán merecedores quienes usen el poder en provecho propio.
 
En la Fase Represiva, proponemos las siguientes acciones:
 
PRIMERO: Como se viene haciendo, incrementar las penas y años de inhabilitación para ejercer la función pública, a quienes incurren en delitos de corrupcion. Las mismas que deben ser más drásticas en caso que quienes las cometan sean miembros de las fuerzas del orden, del Poder Judicial y del Ministerio Público.
 
SEGUNDO: Disminuir ostensiblemente las posibilidades que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se vuelvan cómplices de los corruptos. Para ello, facultar a la prensa, estar presente en todos los procesos contra este flagelo. Que  las sentencias sean publicadas en Internet, con el nombre de las autoridades que las han dictado y que todas ellas sean revisadas por el CNM; estableciendo que la estricta aplicación de la ley sea el mayor mérito para la ratificación y/o ascenso de jueces y fiscales. Y su incumplimiento, origine la separación inmediata y su sometimiento a proceso judicial. Nada de sanciones disciplinarias.
 
TERCERO: Irrestricta libertad de prensa en casos de corrupción. Modificar el Código Penal, para que las pruebas (independientemente a cómo hayan sido obtenidas) tengan pleno valor en el proceso que se les sigue a los que se apropian de recursos públicos.
 
La prensa es el primer enemigo de los corruptos. Potenciemos sus facultades, facilidades y denuncias.
 
CUARTO: Desburocratizar, agilizar y hacer totalmente transparentes todos los procesos en la administración pública. Para ello, publicarlos en Internet, y darle a los usuarios la facultad de denunciar su incumplimiento. Mientras esto no se haga efectivo cualquier deseo es pura fantasía.
 
QUINTO: Incrementar sustantivamente los sueltos de las autoridades que investigan, denuncian y sancionan los delitos contra la corrupción. Los recursos extras que se propone les sean entregados, provendrán de la reparación civil que estos delincuentes deben pagar al Estado y del remate de los bienes embargados, para hacerla efectiva.
 
El poder corrompe
Luchar contra el delito, elevando solamente las penas, ha quedado demostrado que no es efectivo. Mientras el uso del poder sea discrecional y sin efectivos mecanismos de control, el gobernante, el funcionario, el policía sucumbirán a lo que Lord Acton decía: "el poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente". "Los hombres son siempre malos – decía Maquiavelo – a no ser que los obliguen a ser buenos".
Ningún país ha logrado acabar con la corrupción, y es probable que tampoco lo logremos. Pero lo que si podemos hacer, es reducirla a sus "justas proporciones". Actualmente este flagelo, a tenor del Instituto Transparencia, le roba al Estado 3,000 millones de soles al año. Cifra parecida a la que las compañías mineras se han comprometido entregar, como un gravamen a sus ganancias extraordinarias. Dinero que se orientará a la inclusión, es decir hacia los pobres. Las víctimas de este execrable delito, son los más vulnerables, es por ello que insistimos en lo que dijimos al comienzo: Ninguna lucha contra la pobreza debe estar desligada de la lucha contra la corrupción.
 
 
Y si realmente se quiere luchar contra ambas: disparar solamente contra los tentáculos de Medusa, es solo una declaración hacia las tribunas. Toda guerra debe ser integral, sino, mejor no hacerla.