A pesar de su recargada agenda y de tener que tomar juramento al remozado Gabinete, el presidente García hizo un viaje relámpago a Guayaquil para sumarse al esfuerzo por apuntalar la CAN.
Hace ya varios años que los presidentes vienen repitiendo estos esfuerzos sin resultados positivos aparentes. Y aunque ha habido algunos avances, pareciera que los retrocesos y estancamientos son más frecuentes.
En Europa, sin embargo, el proceso ha sido más auspicioso. Países que se enfrentaron en dos guerras mundiales, con idiomas e idiosincrasias diferentes, y con economías en disímiles etapas de desarrollo están a punto de promulgar una Constitución común, después de haber formado una asamblea parlamentaria (Parlamento Europeo) y compartir una moneda única (Euro).
El camino que la Comunidad Europea ha recorrido es relativamente corto. Se inicia en 1951 con el Tratado de París, en el que se establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, organismo mediante el cual sus seis miembros primigenios enfrentaron el problema de la crisis energética con relativo éxito.
El Tratado de Roma, de 1957, y el Acta Única Europea, de 1986, siguieron a esta iniciativa. Estos esfuerzos sucesivos solo pudieron lograrse gracias al firme convencimiento de que la realidad económica del mundo implicaba conformar bloques de mayor capacidad negociadora.
El Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992 y modificado por el Tratado de Amsterdam, entró en vigor en mayo de 1999. El Tratado de la Unión Europea consagra oficialmente el nombre con el que este bloque es conocido actualmente y supone no solamente una ligazón económica, sino un paso irreversible hacia la unión política.
A pesar de las grandes dificultades que tuvieron que enfrentar, los países europeos supieron mirar el mundo y, a partir de esa mirada, llegar al convencimiento de que sus intereses estatales pasaban necesariamente por una visión común. Hoy, tienen una moneda común, un Parlamento que funciona efectivamente como tal y un concepto de ciudadanía que no conoce restricciones de origen. Igualmente, han establecido una política exterior y de seguridad comunitaria. Viejos enconos y suspicacias han sido reemplazados por la realidad política y económica.
En Sudamérica pretendemos hacer lo mismo. Este esfuerzo integrador se inició en 1969 con la firma del Tratado de Cartagena, al que se adhirieron Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Chile fue miembro originario pero se retiró en el año 1976, mientras que Venezuela se incorporó en 1973 y se retiró en el 2006. Su objetivo principal fue promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros.
Aparentemente, sería este ambicioso y tal vez irreal objetivo el que habría causado las mayores dificultades. Y nos referimos a aquellas que hasta el día de hoy no permiten su consolidación, a pesar de que algunos países no han tenido enfrentamientos bélicos entre sí, hablan el mismo idioma, comparten la misma escala de subdesarrollo y tienen los mismos orígenes históricos.
Con diversos nombres y renovados deseos de integración, los países que integran la CAN han tenido una presencia formal intermitente. Una muestra de su poca alentadora marcha es el Programa de Liberalización, que tuvo por finalidad la apertura total entre los Países Miembros a partir de la eliminación de todo tipo de arancel.
Bolivia, Colombia y Venezuela concluyeron su apertura recíproca en 1992, Ecuador lo hizo en 1993 y Perú reasumió sus compromisos con el grupo en un proceso que debió haber culminado en 1995, con la creación de una Zona de Libre Comercio. Actualmente, la CAN ha logrado que los productos de la subregión circulen libremente sin pagar aranceles.
Hemos avanzado en la creación de un Parlamento Andino; sin embargo, este organismo no tiene facultades para actuar como tal. Lejos, muy lejos, estamos del ideal de conformar un solo mercado.
Esperamos que el reingreso de Chile permita potenciar la presencia mundial de este organismo, que cubre un área aproximada de 4 710 000 kilómetros cuadrados y engloba una población de 105 millones de habitantes cuyo PBI supera los 206 mil millones de dólares.
Los convenios Simón Rodríguez, referido al terreno sociolaboral y firmado en 1973, e Hipólito Unanue, cuya competencia está orientada al ámbito de la Salud, son esfuerzos por integrar a los Países Miembros. Sin embargo, los resultados parecieran ser menores a las expectativas que se cifraron durante su concepción.
Tal vez no hemos sido conscientes de la necesidad de integrarnos debido a una tendencia atávica al caudillismo, que habría producido ambiciones de liderazgos innecesarios. Mientras que nuestras estrecheces económicas no han podido acabar con los rescoldos nacionalistas expresados, en algunos casos, en chauvinismos trasnochados, una irreflexiva ideologización nos ha mantenido más separados que unidos.
A estos factores se agrega la actitud suicida de algunos Países Miembros de no avanzar juntos en las negociaciones en bloque con la UE. La persistencia de Perú y Colombia por avanzar con mayor celeridad en la conquista de ese mercado tropieza con la renuencia de Bolivia y la tibieza de Ecuador.
Este desencuentro nos preocupa y nos confiere el legítimo derecho de preguntarnos por el futuro de la CAN. Han transcurrido 39 años de avances y retrocesos. A pesar de compartir tantos factores comunes, ¿qué atentó contra la integración que por necesidad debíamos concretizar? ¿Tenemos aún alguna señal de optimismo? No obstante estas desalentadoras peripecias, abrigamos la esperanza de que la CAN se fortalezca. Está en juego el futuro de nuestros estados y el de los 105 millones de ciudadanos andinos que los conforman. Si bien no es un mercado muy apetecible por su densidad demográfica, nuestro territorio tiene los recursos que el mundo demanda. Y esa es nuestra más contundente fortaleza.
